Las administraciones públicas se hallan inmersas en un complejo, y ya largo, proceso de transformación digital, en el que se ha encontrado –y seguirá encontrándose– con innumerables escollos. Y esto es deseable, en cuanto que las organizaciones que se enfrentan a conflictos son las que están vivas y las que tienen la oportunidad de evolucionar y mejorar[1].

Si nos detenemos a pensar en cuántas áreas tenemos que transformar y digitalizar, veremos que son casi infinitas: receta electrónica, dividendo digital, control de cultivos, persecución del fraude fiscal, defensa de la competencia, gestión del transporte… en general, proveer de servicios que faciliten la vida de los ciudadanos y que permitan la evolución de la sociedad a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Estos son campos en los que los ingenieros de telecomunicación tendrían su hábitat natural. Pero no hay un cuerpo de ingenieros de telecomunicación en las administraciones públicas. Desde mediados del siglo XIX, varias han sido las tentativas e, incluso, se ha llegado a crear un par de veces, pero finalmente pasaron a formar el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado –el Cuerpo TIC– en 1990[2].

Este cuerpo no es exclusivo para ingenieros de teleco, no es un cuerpo específico, sino general. Por lo que si bien pueden acceder cualquiera con la titulación de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o de Grado, por otro lado también evita el encasillamiento de sus funcionarios en unidades relacionadas con las TIC y permite que los expertos en tecnologías se puedan incorporar en todas las unidades de la administración del estado como directivos, máxime en un momento en que sus conocimientos son tan necesarios para la transformación digital que perseguimos. El Cuerpo TIC, como nuestra ingeniería, es generalista, estamos llamados a buscar soluciones junto con los expertos de cualquier campo. Nuestro punto fuerte es el procedimiento. En cualquier tarea podemos realizar una buena labor, principalmente en aquellas en las que tenemos que ser traductores entre competencias y tecnologías, y lidiar con situaciones conflictivas al lado de equipos no tecnológicos, pero expertos en su campo, para lo que haremos uso de la inteligencia emocional, no sólo de la artificial.

De los 200.000 funcionarios que puede tener actualmente la Administración General del Estado[3], apenas unos 900 somos funcionarios del Cuerpo TIC, un número muy insuficiente pero que permitirá poder elegir su puesto de trabajo con cierta libertad a los que entren a formar parte del cuerpo, gracias a la creciente necesidad de cubrir plazas con funcionarios TIC. Se accede a él a través de oposición, una de las oposiciones grandes que menor número de presentados tiene por puesto ofertado y en la que ha sido habitual que queden vacantes, por lo que no supone un proceso tan duro como otras oposiciones donde la ratio de presentados por plaza es mucho mayor. No compites contra el otro opositor, sino que luchamos juntos para poder pasar el listón el mayor número posible[4].

Después de aprobar la oposición, se accede a un curso selectivo, en el que el funcionario en prácticas empieza a cobrar el sueldo base, y tras la superación de todas las asignaturas y el Trabajo de Fin de Master, se obtiene la titulación de Master oficial universitario por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el título de Funcionario de Carrera. Para la Administración General del Estado es tan necesario el talento joven para rejuvenecer la plantilla, como el espíritu experimentado, creador y valiente, en la lucha contra la carga burocrática de la que ya va siendo hora de librarse.

[1] https://www.administracionpublica.com/la-gestion-del-conficto-en-la-administracion/#
[2]https://ingenierosindustrialesdelestado.es/2017/12/20/los-ingenieros-y-administracion-teleco
[3] http://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/CostePersonalPensiones/personal_AAPP_RCP.aspx
[4] https://www.astic.es/opositor/convocatorias-anteriores

Ana Mª Porras del Río
Técnico Superior de Proyecto. Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Colegiada y Asociada